La empresa panificadora de Real de GandiaAsí lo ha explicado hoy ante los medios de comunicación el conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, quien ha reconocido que esas condiciones laborales "probablemente fueran una de las causas" que desencadenaron el accidente que sufrió el trabajador.El trabajador boliviano Franns Melgar Vargas, que sufrió la amputación de su brazo izquierdo el pasado 28 de mayo, estaba empleado en la empresa en situación ilegal, trabajaba doce horas al día y cobraba 700 euros al mes, según sus declaraciones.Según el sindicato Comisiones Obreras, el jefe del trabajador tiró el brazo a un contenedor de basura después del accidente, lo que impidió la reimplantación, le dejó a 200 metros del hospital y le pidió que no dijera nada sobre su situación laboral.El conseller ha indicado que la Fiscalía "está actuando" y ha añadido que no estamos "solo ante una falta de medidas de seguridad laboral", sino también ante un "posible delito de omisión de auxilio y socorro" por parte del empresario."Se trata de un accidente" en el que el empresario ha mostrado una conducta "absolutamente reprobable y condenable", ya que, además de tener a una persona "no dada de alta", cuando ésta tuvo un accidente laboral "intentó evadir sus responsabilidades".Camps ha señalado que "no le consta que esta empresa hubiera tenido más denuncias", puesto que si así hubiera sido "la Inspección de Trabajo hubiera actuado rápidamente".Además, el conseller ha afirmado que, en caso de tener datos de empresas que tuvieran trabajadores irregulares, "se actuaría contra ellas", pero ha explicado que "la economía sumergida" se caracteriza porque "no se sabe lo que hay".Camps ha matizado que la Generalitat tiene competencias en materia de "salud y seguridad laboral", mientras que la "afiliación de trabajadores y alta" recae en la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo.
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